Ley de Delitos Económicos: la nueva era del compliance.

La reciente Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos marca un antes y un después en la forma en que las empresas en Chile deben enfrentar su gestión del riesgo legal y reputacional. Esta normativa, publicada en agosto de 2023, amplía significativamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas y pone en el centro del debate corporativo la necesidad urgente de contar con modelos eficaces de prevención de delitos.

¿Qué cambia con la Ley 21.595?

Hasta ahora, solo un conjunto limitado de delitos podía vincularse a la responsabilidad penal de una empresa. Sin embargo, la nueva ley extiende el catálogo de delitos aplicables a las personas jurídicas a más de 200 tipos penales, incluyendo delitos tributarios, financieros, medioambientales, contra la salud pública y laborales, entre otros.

Esto significa que una empresa puede ser penalmente responsable incluso por acciones individuales cometidas por sus trabajadores, ejecutivos o representantes, siempre que se determine que existió una falta en el deber de dirección y supervisión.

Modelos de prevención: de opción a obligación

Con esta ley, el compliance deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una exigencia legal. Todas las empresas, especialmente aquellas con estructuras complejas o sectores de alto riesgo, están llamadas a implementar Modelos de Prevención de Delitos (MPD) que sean eficaces, actualizados y adaptados a su realidad operacional.

Un modelo adecuado debe:

• Identificar y evaluar los riesgos de delitos aplicables a la empresa.

• Establecer protocolos y controles internos para prevenirlos.

• Designar a un encargado de prevención con independencia y recursos.

• Promover una cultura ética a través de capacitaciones y canales de denuncia.

• Revisarse periódicamente y mejorarse de forma continua.

El impacto de esta ley es directo y profundo:

• Aumenta la exposición al riesgo penal y reputacional.

• Exige inversiones reales en estructuras de compliance.

• Obliga a repensar procesos internos, contratación y relaciones con terceros.

• Involucra a la alta dirección en la prevención de delitos, no solo como responsables sino como actores clave.

Las sanciones, además, no son menores: van desde multas millonarias hasta la disolución de la persona jurídica, pasando por la pérdida de beneficios fiscales y la inhabilitación para contratar con el Estado.

Una oportunidad para fortalecer la confianza

Aunque exigente, esta ley también representa una oportunidad. Las empresas que apuestan por la transparencia, la ética y la gestión de riesgos no solo se protegen legalmente, sino que también refuerzan su reputación y credibilidad frente a clientes, inversionistas y la sociedad.

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